Rectores, docentes y estudiantes señalaron que la marcha se llevó a cabo en defensa del «derecho a la educación» y la «responsabilidad» del Estado de financiar la universidad pública.

Rectores, docentes y estudiantes universitarios llevaron adelante la cuarta Marcha Federal Universitaria en defensa de la Ley de Financiamiento y solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que intervenga para garantizar su aplicación, evitando que el Gobierno Nacional continúe incumpliendo con esta normativa. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, participaron los máximos representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, presidente de la entidad, y Anselmo Torres, vicepresidente, junto a diversas federaciones gremiales.
También se sumaron distintos integrantes del Frente Gremial Docente y No Docente, conformado por importantes federaciones nacionales como CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y FATUN.
La Federación Universitaria Argentina (FUA) tuvo a su cargo la lectura del documento central, en el que se denunció que el poder adquisitivo de los fondos asignados para Gastos de Funcionamiento de las universidades «no ha superado el 64% de lo que representaban en enero de 2023» durante los meses de gestión del presidente Javier Milei.
En ese marco, se acusó al Poder Ejecutivo de tomar una postura de «desprecio institucional sin precedentes», desobedeciendo la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y desoyendo además las resoluciones judiciales que exigen su cumplimiento inmediato.
«Cuando un gobierno selecciona qué leyes cumple y qué sentencias acata, no solo vulnera el presupuesto universitario, sino que quiebra el contrato social que sostiene nuestra libertad y el estado de derecho», remarcaron los participantes.
Asimismo, advirtieron que desde diciembre de 2023 se ha registrado una pérdida equivalente a casi nueve meses de transferencias presupuestarias. Subrayaron que la crisis que enfrentan las universidades trasciende lo meramente presupuestario, pues este incumplimiento refleja una grave «ruptura del acuerdo democrático» basado en la independencia de poderes que sustenta a la nación.
En el cierre del acto, destacaron que tanto las universidades públicas como el sistema nacional de investigación constituyen pilares fundamentales para el desarrollo económico del país.
Destacaron su papel clave como recursos estratégicos para fortalecer la industria nacional, fomentar trabajos con derechos y sostenibles, y permitir que Argentina compita en un contexto global: «Todo proyecto soberano de país demanda una universidad de excelencia que contribuya con avances científicos, tecnológicos y artísticos». «Debemos evitar que los actores clave de nuestras universidades —docentes, no docentes, investigadores y estudiantes— sean expulsados del sistema.
Si hoy no defendemos nuestras universidades públicas, el sueño de un país próspero será inalcanzable. Este es el momento. La universidad pública se defiende aquí y ahora. Por más y mejor educación pública y ciencia», concluyeron.
Frente al escenario estuvieron presentes destacados representantes políticos como el gobernador bonaerense Axel Kicillof, junto con senadores, diputados y legisladores porteños vinculados tanto al peronismo como a sectores de izquierda como el Frente de Izquierda – Unidad (FIT) y el Nuevo MAS. También participaron numerosos representantes de la Comunidad Científica Argentina, especialmente aquellos ligados al área de investigación, quienes expresaron su preocupación por enfrentar «una situación límite» debido al desfinanciamiento y a la caída del salario real. La manifestación tuvo lugar en todo el país y recibió el respaldo de diversas organizaciones como la CGT y las dos CTA, que se sumaron con sus columnas para demandar «recomposición salarial para docentes y no docentes» además de exigir la aplicación íntegra del «presupuesto destinado a las universidades y hospitales universitarios».