La iniciativa aprobada por el Congreso concede a los gobernadores la facultad de determinar cuáles son las zonas periglaciares en las que se podrán autorizar inversiones mineras.
El proyecto de ley sobre Glaciares, que fue transformado en ley este miércoles tras su aprobación en el Congreso, tiene como principal propósito redefinir las zonas protegidas y establecer criterios para permitir actividades de exploración y explotación en áreas periglaciares, impulsando así las inversiones mineras.
La propuesta, promovida por el Gobierno a solicitud de mandatarios provinciales aliados, busca fomentar importantes inversiones en minería dentro de provincias del norte y la región de Cuyo. Estas iniciativas están respaldadas por el régimen del RIGI, incluido en la Ley de Bases aprobada en 2024.
Entre los principales impulsores de la normativa se encuentran los gobernadores Raúl Jalil de Catamarca, Marcelo Orrego de San Juan, Gustavo Sáenz de Salta y Alfredo Cornejo de Mendoza, siendo esta última provincia una de las líderes en desarrollo minero.
Uno de los puntos más destacados de la nueva legislación es el ajuste en los criterios de protección ambiental, permitiendo actividades económicas en zonas que previamente estaban bajo estricta preservación, especialmente en territorios periglaciares.
Además, la ley transfiere competencias a las provincias para decidir qué áreas proteger y cuáles no, reduciendo así la intervención directa del gobierno central. Vale recordar que la Ley 26.639, promulgada el 30 de septiembre de 2010, fijó los estándares mínimos para proteger los glaciares y el ambiente periglacial, incluyendo la creación del Inventario Nacional de Glaciares con el objetivo de identificar y registrar estos recursos naturales.
En Argentina, los glaciares alimentan un total de 39 cuencas hidrográficas y están distribuidos a lo largo de 3.500 kilómetros en la cordillera de los Andes. Actualmente, el inventario registra aproximadamente 8.400 kilómetros cuadrados de glaciares.
Sin embargo, algunos gobernadores critican su falta de actualización, mientras que los defensores argumentan que las restricciones presupuestarias han afectado su desarrollo. Otro punto central de la nueva legislación es la eliminación de la prohibición automática sobre actividades extractivas en zonas periglaciares.
En su lugar, se buscará permitir estas actividades siempre y cuando pasen una evaluación de impacto ambiental que asegure su viabilidad. Hasta ahora, la protección de estas áreas dependía de estudios técnicos que debían demostrar si un territorio desempeñaba un papel hídrico vital.
Bajo esta nueva normativa, si no se comprueba científicamente que una zona contribuye al suministro de agua, podría considerarse apta para actividades de explotación económica.
Fotografía: Agencia NA